Al cumplirse un año de la detención de Elena Varela y la confiscación de su material fílmico por parte de las autoridades chilenas, la Asociación de Documentalistas de Chile reitera de la forma más enérgica su exigencia de que deben ser devueltas TODAS las cintas que contengan imágenes y sonido.

Elena ha declarado ante la Fiscalía de Rancagua que entre todo el material incautado había más de 300 cintas en formato digital con grabaciones de imágenes y entrevistas, que formaban parte de proyectos documentales en los que ella trabajaba. Hasta el momento el gobierno chileno sólo ha devuelto la cuarta parte, de acuerdo a lo que Elena ha señalado a la Asociación de Documentalistas de Chile.

Consideramos que la confiscación de estos registros audiovisuales, una acción propia de gobiernos dictatoriales, constituye una afrenta a la libertad de expresión. Creemos firmemente que los servicios de inteligencia del Estado pretenden de esta manera amedrentar a los documentalistas, para que no se atrevan a informar sobre realidades que incomodan a quienes detentan el poder.

Uno de los trabajos que realizaba Elena antes de ser detenida era un documental sobre el pueblo mapuche. La producción de este proyecto audiovisual fue aprobada y financiada por el Estado de Chile, lo que evidencia una gran contradicción ya que por un lado se implementan políticas para promover las labores de los documentalistas pero por otro lado se ponen trabas al libre ejercicio de la profesión.

En el sur de Chile los agentes del Estado intentan impedir que se produzcan proyectos audiovisuales sobre la represión que padece el pueblo mapuche.

El irrespeto a los valores democráticos que se vive en el sur no es producto de la imaginación de los documentalistas y de los trabajadores de prensa. Las Naciones Unidas y organismos internacionales de derechos humanos han denunciado los atropellos que se cometen contra este pueblo originario. Lamentablemente, el gobierno chileno ha hecho oídos sordos y sigue aplicando leyes heredadas de la dictadura que deberían haber sido derogadas hace mucho tiempo.

Los documentalistas, periodistas y cineastas tienen el derecho a grabar, filmar y registrar cualquier tipo de entrevista o acontecimiento en cualquier rincón del territorio nacional. La policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas,  las autoridades judiciales u otros representantes del Estado no tienen derecho a requisar esos materiales, y mucho menos utilizarlos como supuestas “pruebas” en la formulación de cargos contra los propietarios de esos registros o sus entrevistados.

Además de la intimidación que han sufrido y siguen sufriendo Elena Varela y los miembros de su colectivo, sus entrevistados han quedado en una posición tremendamente vulnerable. También se ha detenido a periodistas y reporteros gráficos y se ha expulsado a documentalistas extranjeros.

Afortunadamente algunos documentalistas logran eludir el cerco policial, militar e informativo. Por eso es que este miércoles 3 de junio estamos exhibiendo en pre-estreno en la Cineteca Nacional, un lugar que le pertenece a toda la ciudadanía, el documental independiente “La Voz Mapuche” de los periodistas Andrea Henríquez y Pablo Fernández. Estos dos miembros de nuestra Asociación recorrieron comunidades a ambos lados de la cordillera y recopilaron testimonios que dan a conocer el mundo y la lucha de este pueblo originario. Esta vez la censura no tuvo éxito.

Si verdaderamente deseamos que la conmemoración del bicentenario no sea una celebración vacía, debemos comenzar a abordar algunos de los grandes temas pendientes, como son el derecho a la libertad de prensa, expresión e información y el respeto a los pueblos originarios. De esa manera seremos, al menos, un poco más libres.

Como Asociación de Documentalistas de Chile afirmamos que debe cesar toda forma de represión, y un primer gesto por parte de las autoridades debe ser la devolución inmediata de TODO el material fílmico que se le ha secuestrado a Elena Varela.

¿DÓNDE ESTÁN LAS CINTAS?